Proyecto de ley prohíbe bonos y regula inauguraciones en período de campaña electoral

Iniciativa del Ejecutivo para evitar la intervención electoral comenzó a tramitarse en 2006 y se votará la próxima semana en la Cámara de Diputados.

José Miguel Wilson y Phillip Durán

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Un nuevo round sobre el debate de gasto e intervención electoral tendrá lugar el martes en la Cámara de Diputados. Ese día llegará a la comisión de Hacienda de la institución un proyecto de ley del gobierno -que deberá votarse en sala a más tardar el jueves de esa misma semana- que fija nuevas limitaciones a los funcionarios públicos, restringe el manejo de fondos fiscales y prohíbe los aportes de empresas a las campañas.

La iniciativa se tramita desde 2006 y el Ejecutivo anunció el lunes pasado su discusión inmediata, que establece un plazo de tres días para ser votada en cada cámara. El texto había sido endurecido por los parlamentarios de la comisión de Gobierno Interior con acuerdo del ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo.

Entre las medidas del proyecto figura la obligación para todo órgano del Estado, incluyendo la Presidencia y municipalidades, a informar 90 días antes de una elección de las eventuales inauguraciones de obras. Estas deberán ser difundidas en internet y registradas en el Servicio Electoral.

La iniciativa también prohíbe que las autoridades que son candidatos entreguen beneficios o cualquier subsidio proveniente de fondos fiscales en tiempos electorales. La medida está pensada para los alcaldes. Además, se impide que los funcionarios puedan hacer "colectas" por un candidato y otorga garantías de ecuanimidad para facilitar espacios públicos.

La actual legislación sobre intervención electoral es menos restrictiva que en otros países, como Colombia y Brasil. Y la decisión que adoptaron este lunes la Presidenta Bachelet y el comité político de apurar sus cambios apunta a enfrentar la arremetida de la oposición y Sebastián
Piñera en el tema.

PUERTA A PUERTA

En la Alianza anunciaron una serie de indicaciones al proyecto. La principal apunta a explicitar la prohibición para las autoridades de visitas "puerta a puerta", un tema que ya había intentado instalar en 2007, durante la discusión del presupuesto.

El texto acordado deja abiertas las interpretaciones y señala que no podrán "realizar actividades de los candidatos, partidos o coaliciones políticas en los lugares de trabajo, durante su jornada laboral o en el desarrollo de las funciones de su cargo cuando no se encuentren en su lugar de trabajo". Al respecto, el diputado Felipe Ward (UDI) dijo que una persona que sea ministro no se puede separar del ejercicio de su cargo.

Sin embargo, Viera-Gallo sostiene que la norma no puede impedir que un funcionario asista reuniones fuera de su horario su trabajo.