Luksic estudia dos nuevos caminos para demandar a Perú por planta Lucchetti

El directorio de Indalsa -ex Empresas Lucchetti- analiza dos opciones para recuperar parte de los más de US$ 150 millones invertidos: un juicio de indemnización de perjuicios en tribunales peruanos y un arbitraje en Lima.

Víctor Cofré y Valeria Ibarra

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Cinco años después del cierre definitivo de la planta de Lucchetti en Lima, Perú, en enero de 2003, el grupo Luksic mantiene las esperanzas de recuperar al menos parte de la inversión realizada. Perdido en 2007 el juicio que interpuso contra el Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, ahora el grupo analiza otros dos caminos judiciales, pero en Lima.

El grupo encomendó informes a abogados peruanos, quienes concordaron con la decisión del Ciadi -que se declaró incompetente para resolver las divergencias-, pero ratificaron que el grupo mantiene sus derechos para ejercer dos acciones: una demanda contra el Estado peruano en tribunales de ese país o un nuevo arbitraje, pero en Perú. El tema se encuentra bajo análisis por el directorio de Industria Nacional de Alimentos (Indalsa), filial del grupo Quiñenco, informó esta última empresa en sus balances del período enero-marzo, entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros el 30 de abril. Es primera vez que Quiñenco detalla en un informe oficial las vías judiciales que analiza. Ni los ejecutivos de Quiñenco ni el abogado chileno que ha trabajado el caso, Gastón Gómez, estuvieron disponibles para comentar el caso.

Lucchetti inició la construcción de su planta en Lima en 1995. Los problemas comenzaron a fines de 1997, cuando la alcaldía de Lima declaró la necesidad de preservar la zona ecológica colindante a la planta y comenzó a presionar por el cierre de la planta. En enero de 2003, la planta fue clausurada. Ese año, el grupo chileno activó sus reclamos en el Ciadi, que tras una larga tramitación, falló definitivamente en septiembre del año pasado, rechazando la demanda del grupo local, pero no por razones de fondo. El caso derivó incluso en acusaciones de tráfico de influencias en tribunales de Perú contra ejecutivos de Lucchetti -incluyendo a Andrónico Luksic-, las que fueron finalmente desechadas.

TRIBUNALES O ARBITRAJE
El primer camino es reclamar del Estado de Perú, en sus propios tribunales, "una indemnización por daños y perjuicios". El grupo invirtió US$150 millones en su planta de fabricación de pastas en Perú.

El abogado chileno Andrés Jana, que representó a Chile en el único caso que ha ganado en el Ciadi, dice que tras el fallo de septiembre, el grupo Luksic "tiene cerradas las alternativas del derecho internacional de inversión" y por ello las opciones son solo domésticas. "La práctica ha demostrado que es difícil litigar contra un Estado dentro del Estado".

El jurista chileno Roberto Mayorga, de Etcheberry & Rodríguez, también ve complejo ese camino: "Una demanda ante los tribunales peruanos tiene un resultado incierto, porque pueden pesar consideraciones políticas. El proceso, además, puede durar de dos a cinco años".

El segundo camino alude al procedimiento arbitral establecido en los convenios de estabilidad jurídica suscritos por Lucchetti en 1995 y 1998 con el organismo gubernamental Proinversión, un símil de los contratos de inversión extranjera existentes en Chile. El primero le permitió a Luksic invertir US$ 16 millones y el segundo, firmado por el ex gerente general de Lucchetti Perú, Fernando Pacheco, autorizó US$ 65 millones. Esos convenios garantizaban a Lucchetti, entre otras cosas, el derecho a la no discriminación, aspecto al que podría reclamar Luksic. Además, establecen, en caso de diferencias, un arbitraje de derecho en un tribunal constituido en Lima por tres miembros (uno por cada parte y el tercero nombrado por los otros árbitros) y un plazo de 60 días.