A Ley nuevo marco regulatorio de la acuicultura

Por 23 votos a favor, 6 en contra y una abstención el Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto que modifica la Ley General de Pesca en materia de acuicultura para evitar que se vuelvan a repetir crisis como la vivida por el sector salmonero.

De este modo, la Sala respaldó por mayorí­a las proposiciones que realizó la Comisión Mixta sobre la constitución de hipotecas, el pago de patentes y las multas y la caducidad.

Asimismo aprobó las disposiciones que incorporan a los trabajadores de las concesiones acuí­colas en el Régimen de Subcontratación de la Ley Nº 20.123 y que establecen multas de más de $5 millones al contratista o subcontratista que incurra en prácticas antisindicales y a la empresa que simule la contratación de trabajadores a través de terceros.

Previamente, la Cámara de Diputados también habí­a aprobado el informe de la Comisión Mixta por lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgadas como Ley de la República. Durante el debate intervinieron los senadores Antonio Horvath, Guido Girardi, Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier, quienes abordaron los aspectos más conflictivos de este texto legal.

Al respecto, el senador Antonio Horvath, destacó el consenso logrado en la Comisión Mixta y recordó que "este proyecto regula el caso de las hipotecas de concesiones acuí­colas y deja claro y establecido que dichas concesiones no entregan dominio alguno a su titular sobre las aguas y fondo marino, es decir, no hay privatización del mar".

Por su parte, el senador Guido Girardi, insistió en que "el tema de las hipotecas ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales porque significa el primer paso para la privatización del mar".

A su turno, el senador Camilo Escalona resaltó que en materia de normas laborales, "fueron incluidas en la Comisión Mixta todos los reparos que motivaron el rechazo de los diputados, es decir, la norma que permití­a la renovación de la concesión si se constataba una conducta irreprochable del concesionario, posterior a las sanciones por práctica antisindical".

En tanto, el senador Juan Pablo Letelier, si bien reconoció que en el tema laboral "la redacción actual es mejor que la anterior, creo que los requisitos que se establecen para la caducidad de una concesión son una mera declaración de intenciones y no se aplicarán en forma eficaz" ya que se mantuvo el criterio de caducidad para el concesionario que acumule 3 sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos.