Justicia comunitaria boliviana propone castrar químicamente a violadores

En el proyecto del consejo de indígenas -cuyas normas tienen la misma validez que la ley común- se establece también amputar una mano a los asesinos.

por Ansa - 09/03/2010 - 18:37
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La justicia comunitaria, que está incorporada a la nueva Constitución de Bolivia, castigará con la castración química a los violadores y con la amputación de la  mano a los asesinos, según un proyecto del consejo de pueblos indígenas. 

"Según nuestros usos y costumbres, vamos a aplicar castigos severos. Para los violadores estamos proponiendo la castración química. Ya no podemos soportar niños y niñas violadas", informó Carmelo Titirico, jefe de la comisión de justicia del Consejo de Ayllus y Markas (pueblos y comarcas) de la nación aymara. 

La pena para los asesinos será la amputación de la mano "para que nunca más haga lo mismo" según el proyecto de ley que delimitará el ámbito de aplicación de las justicias ordinaria y comunitaria. 

En forma adicional, quienes cometan esos delitos serán sometidos a trabajos forzosos sin remuneración en lugares en que se requiera mano de obra. 

Las sanciones serán impuestas por asambleas comunitarias con participación de hombres, mujeres y niños "a quienes se pretende inculcar el respeto por la vida y las personas"

Titirico recordó que "la justicia comunitaria tendrá la misma jerarquía que la ordinaria", según la nueva Constitución, lo que implica que tendrán que ser modificados los códigos Penal y de la Familia, que contemplan penas de prisión. 

Según el proyecto de ley, el robo de ganado será penado con  na multa pecuniaria consistente en el pago, durante un año, de los gastos que demande a los dirigentes indígenas realizar los trámites judiciales en las ciudades. 

La mentira, la infamia y la calumnia serán sancionadas con trabajos forzosos en beneficio de escuelas de las comunidades o con la compra de material de construcción para postas sanitarias, sedes sociales o establecimientos escolares. 

Titirico estimó que el proyecto, en el que trabajan delegados  de los tres poderes del Estado y de organizaciones sociales,  será presentado a fines de mes a la Asamblea Legislativa  Plurinacional. 

 
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