LA PRENSA ha informado que el gobierno terminará con el sistema de monitoreo de redes sociales operado por la Segegob e implementado por el anterior ministro. El sistema había dado pie a una polémica que este diario calificó de artificial, pues sin presentar pruebas, algunos sostuvieron que el gobierno buscaba ejercer una suerte de control social mediante el seguimiento de Twitter y Facebook, con la lógica de un Gran Hermano. Los críticos obviaban que el gobierno monitorea otros contenidos mediales -como las cartas al director o las denuncias en TV- sin que ello sea visto como un peligro para el derecho a la libre expresión, y desconocían que el carácter público -abierto a todos- del diálogo que entablan los usuarios de las redes es su principal fortaleza.
El hecho de que el gobierno cancele el programa permite suponer ya sea que reconoce la validez de esos cuestionamientos, que el Consejo de Transparencia tiene razón en preguntar si la Segegob actuó dentro de su competencia, o bien que hay base para que la Contraloría -según señala otra versión- impugne el contrato con la empresa operadora del sistema tecnológico. De ser cierta cualquiera de estas opciones, quedaría claro que el Ejecutivo puso en marcha un programa en forma apresurada, sin anticipar las críticas y sin cuidar aspectos clave en su diseño.
Ello sería lamentable, pero más lo sería que el gobierno retire la idea sólo en el interés de evitar una polémica y sin defender sus legítimos esfuerzos por utilizar herramientas modernas para ampliar sus canales de sintonía con los ciudadanos. Con la medida habrá sembrado dudas sobre los objetivos que persiga cualquier funcionario público u organismo estatal que utilice las redes sociales, incentivando, de esa forma, que se vuelvan sordos a personas que publican sus opiniones, precisamente, para ser escuchadas, entre otros, por las autoridades.
Grupo Copesa Derechos reservados
Se prohíbe expresamente la reproduccióón o copia de los contenidos de este sitio sin el expreso consentimiento de Grupo Copesa.
