Fiscalía cierra cerco contra diputado Ojeda: presentará solicitud de desafuero para formalizar cargos por fraude al fisco reiterado

La investigación de los líos de platas políticas, en su arista de La Araucanía, vive un nuevo capítulo este jueves.

Esto, luego que la Fiscalía confirmó que pasado este mediodía ingresará en la Corte de Temuco una solicitud de desafuero en contra del diputado Mauricio Ojeda (ind.-Republicano).

El objetivo de la acción presentada por el ente persecutor, cuya causa está a cargo del fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, es poder formalizar al parlamentario de oposición por delitos de fraude al fisco reiterado, y además pedir medidas cautelares en su contra.

El congresista está imputado en la investigación por un millonario fraude a recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, que se indaga en medio del denominado “caso Convenios” Ahí se pesquisan más de $730 millones que se habrían desviado por parte de dos fundaciones: Folab y Educc.

Fue en medio de una audiencia de reformalización en abril pasado, en que se hizo mención al diputado Ojeda, además de Juan Pablo Leonelli, mano derecha de Luciano Rivas (Evópoli), la autoridad máxima del GORE de esa zona.

Entre las conductas descritas en la oportunidad por el fiscal Garrido, y que fueron desplegadas por los investigados, se destacó -según constató La Tercera- el rol del parlamentario, que prestó declaración ante el Ministerio Público.

En ese sentido, el investigador sostuvo ante el Juzgado de Garantía de Temuco que Ojeda mientras ejercía su labor de funcionario público y autoridad legislativa, entre los meses de junio a agosto de 2022 habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros.

Fue ahí donde el congresista, según el ente perseguidor penal, en base a la amistad que lo unía con la mujer decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.

Un hecho de la causa y que llamó la tención a los investigadores ocurrió el año pasado. El 16 de octubre, cuando funcionarios de la PDI le solicitaron la entrega voluntaria de su móvil, el parlamentario accedió sin que mediara orden judicial, aunque su abogado advirtió que el aparato había sido destruido por su hijo de tres años.

La situación en su momento no causó mayor alerta. Esto, hasta que declaró en Fiscalía Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representantes de Folab-, quien dio pistas de cómo el parlamentario habría coordinado cómo enfrentar al Ministerio Público y, además, sugerido quemar los celulares.